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Abengoa dobla su órdago y exige a España 1.505 millones por el recorte a las renovables

Central termosolar de Abengoa. EFE

El litigio arrancó hace seis años. Abengoa presentó en 2013 una demanda ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) contra el Reino de España por el impacto en su negocio del recorte a la retribución de las renovables que aprobó un año antes el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis económica.

Abengoa instó la apertura de un arbitraje internacional, una vía reservada sólo para compañías o fondos de inversión extranjeros y no para españolas, que deben recurrir a los tribunales nacionales. Pero el grupo sevillano utilizó para presentar la demanda ante la SCC una filial luxemburguesa –CSP Equity Investment-, que era la titular formal de varias plantas termosolares ubicadas en España.

Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa.

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Abengoa redobla ahora su órdago contra el Estado español y dispara la cuantía de la indemnización reclamada por el agujero generado en la compañía por el cambio legislativo. El grupo no desveló el importe de la compensación exigida, pero inicialmente solicitaba una indemnización de 840 millones de euros. Ahora ha elevado la compensación solicitada hasta los 1505,7 millones de euros, según un informe del Gobierno al que ha tenido acceso El Independiente.

La compañía sevillana, que cuenta en el litigio con el asesoramiento del despacho Cuatrecasas, entregó hace unas semanas al tribunal de arbitraje un último escrito de réplica con nuevos datos periciales sobre el impacto en sus cuentas y sobre los intereses de demora aplicables, que le lleva a disparar la indemnización reclamada hasta casi el doble de la que solicitó en un principio.

La luxemburguesa CSP Equity Investment, propiedad al 100% de Abengoa, era titular de varias instalaciones de energía termosolar en España: Helioenergy 1 y 2, Solacor 1 y 2, y Solaben 2 y 3. Abengoa llegó a denunciar directamente haber sufrido una “expropiación” de su negocio termosolar como consecuencia de la reforma eléctrica emprendida por el Gobierno de Rajoy, según se recogía en informes remitidos a Wall Street.

Medio centenar de demandas contra España

Como resultado de los recortes aprobados por el Ejecutivo, España acumula 45 demandas de compañías y fondos de inversión extranjeros y se ha llegado a convertir en el país con más arbitrajes internacionales abiertos. De todos los litigios, un total de once ya se han cerrado. Dos los ganó el Estado español, uno se cerró por la retirada de la demanda, y otros ocho los han ganado los demandantes, acumulando conjuntamente indemnización por cerca de 720 millones de euros.

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De momento, 720 millones, porque una de las sentencias, correspondiente a la demanda presentada por varios fondos ligados a Deutsche Bank que reclamaban 441 millones, ha sido parcialmente condenatoria para España, pero aún no se ha fijado la compensación. Así que la cifra de indemnizaciones ya decididas se puede disparar hasta el entorno de los 1.000 millones.

España, en cualquier caso, puede acabar salvándos de este aluvión de indemnizaciones. La estrategia del Gobierno pasa por reclamar la anulación de los pagos y de todos los procesos agarrándose a una decisión de Bruselas que obligaría a que los casos pasen sólo por el Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión Europea ha declarado ilegales los laudos que son resultados de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros de la UE por ser contrarios al derecho comunitario y estudia también tumbar los que tienen su origen en compañías de países no comunitarios.

Una planta fotovoltaica.

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