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El cabecilla del ‘caso máster’ rompe su silencio para denunciar “fuertes presiones” de la Comunidad

«Fui el instrumento para la caza de piezas mayores», afirma el catedrático Álvarez Conde

Tras meses sin pronunciar una palabra en público, el presunto cabecilla del caso máster ha roto su silencio este viernes. El catedrático Enrique Álvarez Conde, señalado por la investigación judicial como el «urdidor» de la trama, ha decidido hablar por primera vez en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid. «Fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores. Ese es mi pecado y ya fui vapuleado por ello», ha subrayado el docente durante su comparecencia en el Parlamento regional, donde se ha limitado a leer un comunicado, pero ha aprovechado para denunciar por primera vez que recibió «fuertes presiones» de la Comunidad y del rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos tras estallar el escándalo en marzo del pasado año.

«Siempre actué dentro de la más absoluta legalidad», se ha defendido el profesor, quien, con la denuncia de presiones políticas, golpea directamente en la principal línea de defensa de la exjefa del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, procesada por supuestamente inducir a la falsificación del acta de su trabajo fin de máster (TFM). Aunque la exdirigente del PP, como consta en un escrito judicial desvelado por EL PAÍS, lo niega: «Ni se ordenó a nadie la confección de ninguna falsedad, ni se presionó para que se faltase a la verdad en un expediente académico».

Pero las palabras exculpatorias del catedrático también distan mucho, por otra parte, de las conclusiones a las que llegó la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel, que otorgó a Álvarez Conde un papel fundamental en la red tejida alrededor del Instituto de Derecho Público (IDP), considerado el epicentro del entramado. Al elevar la causa al Tribunal Supremo para investigar a Pablo Casado, la magistrada consideró «acreditado» que este máster se usaba «como regalo o prebenda» a alumnos «con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional» con el catedrático.

Según la investigación, el profesor se garantizaba así los ingresos económicos derivados de la «supervivencia» del curso —porque, si había pocos estudiantes, se suspendía—, creaba un «clima favorable en cuanto a sus relaciones políticas» e incrementaba también el prestigio del IDP: «Pues permitía que personas con relevancia contaran en su currículum con una mención al máster, como es el caso de Pablo Casado».

Pero de nada de eso ha hablado Álvarez Conde este viernes. El docente ha comenzado su intervención con la lectura de un comunicado: «Comparezco ante esta comisión en cumplimiento de mi obligación legal», ha arrancado, antes de decir que no respondería a las preguntas de los parlamentarios al encontrarse la causa todavía judicializada. «Pero mi silencio desde que se judicializaran los hechos no debe ser entendido como una confesión», ha dicho, antes de amenazar con acciones legales contra todos los que han procurado, según él, su «muerte social y académica».

«Mi único error fue no haberme sabido abstraer a las fuertes presiones el 20 y 21 de marzo de 2018 de la Comunidad de Madrid y del rectorado», ha sentenciado el profesor, que ya ha sido procesado por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. «[Cometí] el error de estar situado en el lugar y el momento más inoportunos, siendo el objeto de encarnizadas luchas políticas inter e intrapartidarias y académicas», ha añadido.

Otros tres comparecientes

Antes de escuchar a Álvarez Conde, le ha tocado el turno a Cecilia Rosado, que también ha pasado por la Asamblea de Madrid. La profesora imputada, acusada de falsificar el acta del trabajo fin de máster (TFM) de Cifuentes, ha optado por el silencio: «Siguiendo el consejo de mis abogados, me acojo a mi derecho a no declarar ya que estos hechos están relacionados con los judicializados».

No han adoptado, en cambio, la misma postura sus predecesores. Porque la comisión ha empezado con el testimonio de Ignacio Escolar, director de eldiario.es, que destapó la trama en marzo del pasado año. Después, la sesión ha continuado con la declaración de la profesora Alicia López de los Mozos, la docente que aprobó a Casado en una de las cuatro únicas asignaturas que tuvo que cursar para obtener el título —las otras tres las valoró el presunto cerebro de la trama— y cuya firma también aparece en el acta del TFM de Cifuentes. La compareciente, que ha subrayado que no recuerda si dio clase o no a los dirigentes del PP pese a que ya ocupaban entonces cargos públicos, se ha presentado como una víctima de Álvarez Conde, al que ha acusado de presionarla —para «que no dijera la verdad»— durante una reunión que mantuvieron tras saltar el escándalo con el objetivo de cuadrar las versiones de todos los implicados.

Además, López de los Mozos ha denunciado: «A mí me falsificaron mi firma», en referencia a la rúbrica que consta en el documento que utilizó la expresidenta de la Comunidad para tratar de esquivar la polémica en los primeros días. «Y no recuerdo exactamente lo que se dijo en aquella reunión. Intento olvidarme», ha continuado durante su declaración y ante el escepticismo de los parlamentarios del PSOE, Podemos y Ciudadanos. El PP no ha participado.

«¿Pero cómo es posible que otra alumna diga que no hizo nada y usted le pusiera un sobresaliente?», le han interrogado varios diputados regionales. «Yo me limitaba a poner una calificación en función de criterios académicos», ha respondido la docente, que se ha desvinculado de la trama. «Pues cuesta comprender que una estudiante diga que no hizo nada y usted afirme que le puso un sobresaliente en base a ‘criterios académicos», le ha contestado entonces el representante de Ciudadanos.

La comisión de investigación nace con escaso futuro. Solo se ha previsto otra sesión más para llamar a comparecientes. Y la Cámara madrileña se encuentra a semanas de disolverse ante los comicios de mayo, con los partidos inmersos ya en la carrera electoral. «PP y PSOE no tenían intención de que esta comisión saliese adelante. Es culpa de socialistas y populares», ha denunciado César Zafra, secretario de Organización de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

A esa circunstancia se suma a que Rodríguez-Medel decidió sobreseer la investigación principal después de que el Tribunal Supremo concluyese que no existían indicios suficientes para seguir con las pesquisas contra el líder del PP. Con esa medida, ratificada por la Audiencia Provincial, la juez dio carpetazo a la trama principal, pero mantenía abierta la causa por la falsificación del acta del TFM. Por ello, ya ha procesado a Álvarez Conde, a Rosado, a Cifuentes y a una asesora de la expresidenta madrileña.

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