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El juez de Acuamed imputa por prevaricación a una de las denunciantes del caso de corrupción

Gracia Ballesteros está llamada a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 20 de mayo por alterar presuntamente una licitación. La acusa la Fiscalía Anticorrupción

Sorpresa mayúscula en la instrucción del conocido como caso Acuamed, la empresa pública epicentro del presunto fraude millonario en la contratación de obras hidráulicas que investiga la Audiencia Nacional desde hace ya cuatro años. Una de los tres denunciantes de las prácticas irregulares, Gracia Ballesteros, acaba de ser imputada por el juez instructor, Manuel García Castellón, que la ha citado a declarar el próximo 20 de mayo en calidad de investigada (la antigua figura del imputado), según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La Fiscalía Anticorrupción cree que Ballesteros, ingeniera de caminos y exgerente territorial de Acuamed, puede haber cometido un delito de prevaricación al maniobrar presuntamente en la licitación de un contrato para construir una balsa de regulación en el río Belcaire, en La Vall d’Uixó (Castellón). La fiscal anticorrupción Inmaculada Violán presentó hace unas semanas una denuncia por prevaricación contra Ballesteros y otro directivo, Vicente Botella. En el escrito de denuncia, consultado por este diario, la fiscal afirma que cometió «irregularidades» para que la adjudicataria de la obra fuera una determinada empresa de las tres que se presentaban.

El caso Acuamed investiga a los exdirectivos de esta empresa pública y a siete empresas (FCC, Acciona, Abengoa, Sogeosa, Torrescámara, Altec y Altyum) por un presunto fraude millonario en la adjudicación de contratos públicos de grandes obras hidráulicas, entre ellas, la limpieza del pantano de Flix, la mayor inversión realizada en una obra de descontaminación en España. Gracia Ballesteros era, junto con Francisco Valiente y Azahara Peralta, una de las tres personas que denunciaron prácticas irregulares en Acuamed.

Ballesteros fue despedida supuestamente por negarse a participar en las irregularidades. En 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó que su despido fue nulo y obligó a readmitirla. Posteriormente ganó también en el Tribunal Supremo. Actualmente interviene en foros en los que habla del papel de los denunciantes de corrupción. El año pasado los tres denunciantes de Acuamed ganaron el accésit del premio Hay Derecho.

Según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, en el proceso de licitación del contrato se produjo un aplazamiento en la fecha de apertura de las propuestas económicas «sin causa aparente» que «podría haber sido la estrategia utilizada para ajustar en un segundo estudio las puntuaciones» de la empresa a la que supuestamente Ballesteros quería beneficiar, Contratas Vilor, S.L. 

En un primer informe técnico, relata la denuncia de la Fiscalía, Vilor fue la empresa que obtuvo peor puntuación, un 8,5, cuando el mínimo para seguir en la licitación era de 11 puntos. Pero se realizó un segundo informe en el que «se alteran las puntuaciones», asegura el escrito. «Se suprimen aspectos desfavorables» para aumentar la valoración de Vilor. Ninguno de estos dos informes fue presentado ni firmado, pero un tercero, este firmado por Gracia Ballesteros y que recogía los datos del segundo, fue el definitivo, y el que permitió que esta empresa pudiera seguir compitiendo, según la Fiscalía Anticorrupción.

Vilor ganó la licitación cuando, en la propuesta económica, hizo una oferta temeraria, con un descuento del 25,7% sobre el precio de salida y acabó con la mejor puntuación. Ballesteros aceptó la justificación de la baja que hizo la empresa, según el escrito de Anticorrupción, que describe los hechos como un posible delito de prevaricación.

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