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El PP logra que la prensa no pueda grabar el juicio de los discos duros de Bárcenas

El juez solo permite a las televisiones captar imágenes sin sonido antes del inicio de las sesiones y sin enfocar de frente a los acusados

El PP ha logrado su objetivo y los medios de comunicación no podrán grabar el juicio por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas, que arranca el próximo viernes y que sienta en el banquillo a la formación conservadora, además de a su extesorera, Carmen Navarro, a Alberto Durán, director de los servicios jurídicos, y a José Manuel Moreno, exresponsable informático del partido. El Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, encabezado por el magistrado Eduardo Muñoz de Baena, ha emitido un auto donde limita el trabajo de los periodistas y rechaza la petición del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia para que se retransmitiera la vista mediante una señal institucional que pudiera ser utilizada por las televisiones.

Al ser vistas públicas, los reporteros pueden acceder habitualmente a ellas, a no ser que un tribunal decrete lo contrario para garantizar algún derecho de los implicados. A su vez, cuando son causas mediáticas, los magistrados suelen dejar que se retransmita una señal de televisión de las sesiones para que todos los informadores las sigan en directo, ya que no todos caben en las salas donde se celebran. En ocasiones —como ocurre con el juicio del procés en el Tribunal Supremo— se permite que las cadenas puedan ofrecer la señal del juicio en tiempo real y, otras veces, solo se da autorización para utilizar fragmentos en diferido.

En esta línea se enmarcaba la solicitud del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia, a la que se opusieron los acusados porque «generaría un juicio paralelo en los medios de comunicación y en la sociedad, entre quienes se fomentaría un veredicto anticipado de culpabilidad» y afectaría así al derecho a la presunción de inocencia. Por su parte, la Fiscalía rechazó que se pudiera emitir el juicio en directo, pero pidió al juez que se «adoptasen las medidas oportunas para permitir la grabación» y para que todos los medios de comunicación acreditados tuviesen acceso a la vista y su contenido.

Pero el trabajo de los periodistas audiovisuales se verá limitado. Según consta en su auto, Muñoz de Baena ha decidido que no haya señal institucional y las televisiones solo podrán captar imágenes (sin sonido) al principio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales. El resto de redactores acreditados sí podrán seguir el juicio desde dentro de la sala.

El juez admite en su escrito el «lógico y notorio» interés social y mediático por el juicio oral que se va a celebrar, «dado que uno de los acusados es un partido político con representación parlamentaria». Pero argumenta que, al haber varias sesiones, los testigos podrían conocer la declaración de los acusados y otros testigos que han declarado antes que ellos. Además, los tres trabajadores del PP acusados «no son personajes públicos ni de notoriedad pública». «Puede haber trascendido su identidad, pero no su imagen, por lo que la retransmisión del juicio les puede suponer una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusación», afirma Muñoz de Baena.

Los acusados se sientan en el banquillo por delitos de daños informáticos y encubrimiento. El propio exresponsable informático de la formación declaró ante la instructora que borró 35 veces los discos duros de los ordenadores usados por Bárcenas y que después los rayó, los rompió y los tiró a la basura por orden del asesor jurídico del partido, Alberto Durán.

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