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La Autoridad Fiscal cifra el coste de los ‘viernes sociales’ en 920 millones

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. EFE

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado su previsión de déficit público para este año hasta el 2,1 % del PIB pese a que las medidas aprobadas por decreto ley en las últimas semanas han supuesto un gasto de 920 millones de euros.

El informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas para 2019 de la Autoridad detalla que el impacto de estas medidas -entre las que se incluye la ampliación del permiso de paternidad o mejoras en dependencia- ya se preveía en su anterior previsión de déficit (2,2 % del PIB), elaborado en el supuesto de que se aprobara el proyecto presupuestario.

De esta manera, a pesar de este coste y de que se pierde la recaudación prevista para las nuevas figuras tributarias -2.908 millones-, el hecho de que no se pongan en marcha otras medidas de gasto previstas, entre las que figuraban inversiones ferroviarias, el impacto neto de la no aprobación del presupuesto es positivo.

También ha contribuido a rebajar la previsión el buen comportamiento del ejercicio 2018, cuyo cierre -2,63 % del PIB- es mejor al estimado gracias a elementos no recurrentes, que han compensado otros negativos como el impacto de las autopistas de peaje (2.357 millones).

La AIReF cifra el coste del pago de las cuotas de la Seguridad Social a los cuidadores no profesionales en 315 millones; el de la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, en 241 millones; el de la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, en 225 millones, y el ingreso mínimo vital, en 138 millones.

De izquierda a derecha, la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, la ministra portavoz, Isabel Celaá, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, en rueda de prensa tras un Consejo de Ministros.

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Si se suma el coste total de estos decretos -920 millones- al de la revalorización de las pensiones (588 millones) hace un total de 1.508 millones, lejos de los 5.250 millones que la Autoridad estimaba que sumarían todas las medidas de gasto incluidas en el proyecto presupuestario.

Con respecto a la subida del salario mínimo, la AIReF estima que tendrá un impacto directo en el aumento de los ingresos de los fondos de la Seguridad Social de 495 millones, a los que añade otros 100 millones por el efecto arrastre sobre el resto de salarios.

Por subsectores, la AIReF prevé que la Administración Central termine el año con un déficit del 1 % del PIB, cuando su objetivo es el 0,3 % del PIB.

La Autoridad espera que la recaudación este año aumente un 4,3 % -en lugar del 6,1 % que esperaba con presupuestos- con importantes avances en impuestos especiales (10,7 %), IVA (4,4 %) e IRPF (3,9 %) y un pequeño descenso en sociedades (del 0,2 %) por un impacto no recurrente en 2018.

El gasto, por su parte, se ve mermado por el rechazo al presupuesto -subirá un 1,4 % en lugar de un 4,1 %-.

El déficit de la Administración Central se reduciría en dos décimas adicionales si no se solventara el efecto distorsionador de la puesta en marcha del nuevo sistema de gestión del IVA en 2017, que va a perjudicar a la liquidación de la financiación de las comunidades autónomas en ese ejercicio que se hace este año.

El Gobierno tenía previsto en el Presupuesto resolver ese desajuste con un cambio normativo que ahora está en el aire, aunque la AIReF confía en que “de una u otra manera se restablecerá el equilibrio”.

De acuerdo a la Autoridad, la Seguridad Social cerrará el año con un déficit del 1,4 % -su objetivo es el 0,9 %-; las comunidades autónomas, en el 0,2 % -objetivo 0,1 %-, mientras las corporaciones locales, cuya meta es el equilibrio, lograrán un superávit del 0,5 % del PIB.

Prevé que el conjunto de las administraciones cumpla la regla de gasto, aunque si se incorporan los fondos de la Seguridad Social -como exige la norma europea que entrará en vigor este año una vez que España salga del procedimiento de déficit excesivo- se dispararía hasta el 3,4 %, por encima de la referencia.

La AIReF ha instado al nuevo Gobierno a aprobar cuanto antes los objetivos fiscales para los próximos años y se ha mostrado preocupada por que puedan aprobarse medidas sin tener en cuenta la “situación” de España, que tiene que controlar el gasto y avanzar en la reducción de la deuda.

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