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Los narcoguardias de Isla Mayor, a prisión

La Audiencia Nacional condena a cuatro agentes del instituto armado por facilitar la entrada de hachís por el Guadalquivir

Al guardia civil Francisco Javier Cáceres Borrero, de 43 años, con poco pelo y la cabeza afeitada, algunos lo conocían en Isla Mayor como el sargento calvo, aunque, según él, nadie se lo dijo nunca a la cara. Este detalle sobre la falsedad natural de la gente es el único aspecto que la Audiencia Nacional se ha creído de la declaración del antiguo comandante del puesto de la Guardia Civil en la localidad sevillana, situada en las marismas del Guadalquivir. Cáceres ha sido condenado a 14 años de prisión por ponerse al servicio de una banda de traficantes que introducía hachís desde Marruecos y facilitar la entrada de alijos a cambio de dinero. El sargento, detenido en la Nochevieja de 2016, se empeñó en negar los hechos. Otros tres subordinados suyos reconocieron su culpa y se han conformado con cuatro años y medio de prisión.

La sentencia, publicada ayer, recoge que los días 7 y 10 de abril de 2016, por la noche, el sargento Cáceres cogió su coche particular, un Opel Insignia, y se trasladó al polígono industrial La Estrella, de Coria del Río. Al vehículo se subió Francisco Antonio Rodríguez Cordero, El Negro, un narco local de 37 años. El suboficial, con problemas económicos, había pedido a un vecino suyo, Manuel Carrasco, miembro de la banda, que le pusiera en contacto con el traficante para hacerle una oferta. En el coche, al amparo de la oscuridad, el sargento y el narco acordaron que miembros de la comandancia darían protección a los alijos a cambio de un pago inicial de 6.000 euros y de 20.000 cada vez que un cargamento de droga llegara con éxito a las costas españolas.

Los hombres de Cáceres facilitaron a la organización datos sobre los recorridos de las patrullas de la Guardia Civil. El Negro entregó a los agentes, a través del vecino del sargento, hasta tres teléfonos móviles para que le informaran de los movimientos de las fuerzas de seguridad y de cualquier vehículo sospechoso que pudiera vigilar sus descargas de hachís. De ese modo podían saber si estaban siendo investigados por otras comandancias. Los guardias entregaron al traficante la llave de una cancela que permite acceder a una zona restringida del parque natural de Doñana, lo que facilitaba el desembarco ilegal. El sargento Cáceres y el guardia Luciano Martínez vigilaban estas zonas con frecuencia en la furgoneta particular de este último.

En diciembre de 2016, la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, que ya estaba sobre los pasos de los agentes corruptos, pidió información al puesto de Isla Mayor sobre las personas de la zona que se dedicaban al tráfico de hachís. El guardia Luciano Martínez, que para entonces había desplazado al sargento Cáceres en los contactos con los contrabandistas, solo suministró datos sobre bandas rivales del Negro.

La colaboración del mando policial de Isla Mayor con los traficantes de la zona, según la sentencia, se inició en 2012. Entre ese año y su detención el sargento obtuvo de manera ilegal 22.040 euros, que fue ingresando en pequeñas cantidades para no llamar la atención –el llamado pitufeo– en una cuenta bancaria que compartía con su esposa. Además, en su casa, los investigadores encontraron otros 2.350 euros en metálico.

En el juicio, el sargento Cáceres sostuvo que su participación en las operaciones de tráfico de droga era profesional, para obtener información policial y que cogió el dinero que le dieron para no levantar sospechas. Según la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Manuela Fernández Prado, estas manifestaciones “carecen de la más mínima verosimilitud”. “De ser cierto que él trataba de descubrir operaciones de narcotráfico, su principal preocupación debería haber sido la responsabilidad de sus propios hombres”, afirma el tribunal. El resto de guardias implicados reconocieron en la vista oral que estaban trabajando para facilitar la entrada de hachís.

En una de las conversaciones grabadas con autorización judicial se escucha al guardia Luciano Martínez, de 55 años, decirle al sargento: “Yo no me jubilo mientras esta gente siga ahí, cobro 3.000 pavos, más que media Comandancia junta”. En otra conversación, Martínez y otro compañero comentan que el sargento está “muy necesitado de dinero y dando vueltas por ahí” y dando pie a que “entre lo que no está escrito” y a que “no se entere y no cobre ni un duro”. Para entonces, Cáceres ya sospechaba que sus subordinados se estaban enriqueciendo a sus espaldas.

En el juicio, celebrado entre el 21 y el 28 de marzo pasados, el sargento trató de justificar sus ingresos irregulares a una herencia de su abuela materna, al dinero que recibió de su madre por la venta de un piso y por los regalos de la comunión de su hijo. También aseguró que en sus ratos libres arreglaba aparatos de aire acondicionado. “De todos esos ingresos no aporta elemento indiciario alguno que avale su existencia”, señala la sentencia. El sargento calvo y sus hombres no volverán a la Guardia Civil.

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