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“No hay diferencia de color político en el despilfarro del dinero público”

Joan Romero coordina el libro ‘Geografía del despilfarro en España’ que revela la baja calidad institucional de un país que ha derrochado 80.000 millones de euros en 20 años

La calidad institucional de un estado se mide también por el uso de sus recursos públicos. En España, se desperdiciaron en infraestructuras 80.594 millones de euros entre 1996 y 2016; de los cuales 45.911 millones corresponden a la Administración central, siendo Cataluña (9.160 millones), Madrid (7.723 millones) y Valencia (6.022 millones) las autonomías más derrochadoras. Son algunos de los datos recogidos en el estudio Geografía del despilfarro en España que acaba de publicar la Universitat de València. No ha sido nada fácil para el equipo de expertos de varias universidades coordinado por el catedrático de Geografía Humana de la citada institución, Joan Romero, reunir durante tres años toda la información. Falta mucha transparencia y buena gobernanza. “Somos un Estado social y de derecho de baja calidad”, afirma Romero, de 66 años, que distingue entre despilfarro, uso ineficiente de los recursos públicos, y corrupción, que puede ser un componente de la primera. Los cárteles de la obra pública, una práctica del llamado “capitalismo de amigotes”, es uno de los problemas derivados de la falta de controles, sostiene el que fuera alto cargo del Ministerio de Educación, consejero de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos hasta que abandonó la política hace 20 años para dedicarse a la actividad académica.

Pregunta. Esos 80.000 millones no dejan de ser una estimación…

Respuesta. Sí, y discreta. Al menos entre 80.000 y 90.000 millones se han gastado de manera inadecuada en España por diferentes administraciones públicas desde 1996. Hemos puesto el foco en inversiones públicas, grandes infraestructuras, autovías, aeropuertos, ferrocarriles, desaladoras, depósitos de gas, equipamientos deportivos, culturales… Y solo en obras por encima de los 10 millones de euros. Nos ha costado mucho obtener la información fiable, hemos ido ciudad por ciudad.

P. El 4,5% del PIB se ha despilfarrado según el informe de 2015 de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia.

R. Allí se incorporaban despilfarro y corrupción en una década y media. Fue un buen punto de partida, desde un organismo con un cierto nivel de independencia. Eso es lo que nos hace falta: organismos independientes que velen y controlen la calidad de nuestras instituciones.

P. ¿Cuáles son las obras más paradigmáticas de este despilfarro?

R. En la escala estatal, el metro de Barcelona (en el que participan tres administraciones) las radiales de Madrid y el depósito de gas Castor. Estos tres casos ejemplifican el llamado capitalismo políticamente garantizado, el capitalismo de amigotes, el crony capitalism. En la escala regional, equipamientos e infraestructuras que son cajas vacías. Por cierto, durante más de una década se ha puesto el foco en Valencia y Madrid, cuando el proceso es generalizado. España es una democracia, de acuerdo, pero estos procesos parecen remitir a una corrupción sistémica en el campo de las infraestructuras. Mis colegas lo niegan. Tengo mis dudas.

P. ¿Hay diferencias en el color político a la hora de despilfarrar?

R. Hay dos conclusiones claves en este trabajo. Primera: en la última década ha habido cierto interés de deslegitimar el Estado autonómico, atribuyendo a las comunidades un mal uso de los recursos. Bien, eso no es sostenible. La administración central ha derrochado cantidades astronómicas. La segunda conclusión es que es imposible determinar si una administración es de un color o del otro en función del uso y del despilfarro que se han hecho de los recursos públicos. No hay diferencias en el despilfarro, lo cual remite a la cuestión de fondo, y central. Por encima del ciclo político y del color, tenemos un grave problema de calidad institucional y de gobernanza. España es un Estado, social y democrático de derecho, dice nuestra Constitución, pues yo diría somos un estado social y democrático de baja calidad.

P. ¿A qué lo atribuye?

R. Miremos los diferentes indicadores o estudios de calidad democrática. The Economist sitúa a España en el grupo de democracias plenas, entre los 20 primeros. No lo comparto. No introduce todas las variables. Del que más me fío sigue siendo el del Banco Mundial. Daniel Kaufman [economista que presidía el instituto del Banco Mundial] dijo que en materia de gobernanza se sitúa entre los puestos 40 y 50 del mundo. Creo que estamos cerca de esta clasificación. Somos un Estado con muchísimas luces, pero en materia de gobernanza y calidad institucional, tiene sombras muy importantes.

P. ¿Cuáles son?

R. La transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación entre niveles de administración. Somos un Estado cooperativo. Necesitamos mejorar la selección de funcionarios públicos, tener una calidad normativa, más independencia del poder judicial y contar con instituciones independientes que trabajan en el control de dinero público. Estas sombras nos remiten a dos patologías: el riesgo de captura del Estado, la existencia de cárteles en la obra pública, que algunos colegas llaman ineficiencia interesada, ese capitalismo de amigotes del que hablábamos, que se reparten entre unos pocos. Lo cual no significa que estemos en el mismo paquete que Turquía, Rusia o México, pero tampoco en el paquete de Alemania o Francia, y no digamos de los países nórdicos. Son sombras fácilmente subsanables con voluntad política.

P. ¿Cómo?

R. El Tribunal Constitucional se ha erosionado mucho por cómo es elegido. La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas se ha cerrado. España ha avanzado mucho, pero en esta cuestión no tanto. Los actores políticos se centran más en proponer reformas políticas concretas, sin abordar la reforma institucional en su conjunto, la calidad del Estado de derecho. Incorporar la transparencia como un elemento fundamental. ¿Por qué lo ha podido hacer Portugal y nosotros no? ¿Cuándo vamos a poder saber con claridad cuándo se licita una obra y en qué condiciones, quién constituye la comisión, si hay sobrecostes…

P. Los políticos pueden alegar que muchas de esas obras tenían una rentabilidad social

R. Muchas de estas obras están muy pegadas al ciclo político. Y tienen un rápido retorno en términos de imagen y una rentabilidad inmediata. También hay mucha inepcia. La pregunta también es cómo ha sido posible que se haya gastado tan mal y qué se tendría que hacer aparta corregirlo. Muchas ineficiencias derivan de la falta de coordinación entre niveles de Gobierno. Dos ejemplos: cómo se diseña el trazado de infraestructuras en el Ministerio de Fomento. Con independencia de quien ha gobernado, Fomento lo diseña sin tener en cuenta sin escuchar las comunidades autónomas o las entidades locales. No se tiene en cuenta que vivimos en un Estado compuesto ni el papel de los altos funcionarios. Tengo para mí que para muchos de estos funcionarios el estado de las autonomías no existe.

P. ¿Lo pudo comprobar desde su propia experiencia de Gobierno?

R. Sí, ocurre. Muchas decisiones de gran impacto territorial se saben por los periódicos. Esto es un déficit grave de gobernanza. Es un modelo de Estado vertical, no poroso. Se sigue pensando en clave de departamentos estanco. Otro ejemplo es cómo se gestionan los puertos, que toman decisiones que afectan a las ciudades son contar con ellas. Y por cierto, también es demoledor el informe del tribunal de cuentas de Europa, cofinanciador, sobre el gran número de aeropuertos que nunca se tenía que haberse construido en España, y mucho antes que el de Castellón.

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